Tras cuatro años de amenazas la multinacional estadounidense Alcoa cerrará las plantas de A Coruña y Avilés, poniendo como fecha final el 1 de julio. Fecha en la que según el acuerdo alcanzado por la empresa y los sindicatos en la madrugada del pasado 15 de enero, se procederá al cierre total de ambas plantas sino se encuentra un inversor con anterioridad, lo que en la práctica no ofrece a los trabajadores garantía alguna para conservar su empleo.
Este ERE extintivo supondrá el despido de 900 trabajadores (369 trabajadores directos, más 200 indirectos en la planta coruñesa y 317 en la planta avilesa), que serán arrojados al paro, mientras que la empresa trasladará la producción presumiblemente a Arabia Saudí.
Desde Alcoa llevan cuatro años justificando el cierre por la subida de la factura de la luz, y por lo que han de pagar a consecuencia de las emisiones de CO2 que genera la multinacional.
Si bien las mismas fuentes de la empresa ocultan que esta se benefició durante 10 años de más de 1.000 millones de euros con la factura eléctrica en forma de ayudas pagadas por todos los consumidores a través de la propia factura, siendo una de las principales beneficiarias de las subastas de interrumpibilidad convocadas por la Red Eléctrica de España. En estas subastas Alcoa cobró 142 millones en 2014, 121 millones en 2015, 125 millones en 2016, 150 millones en 2017 y 92 millones en 2018.
A pesar de las ayudas concedidas por el estado español, que salieron del bolsillo de los trabajadores, Alcoa se sigue planteando el traslado de la producción y el cierre de la planta. Esto demuestra, una vez más, que la lógica del capitalismo se basa en la acumulación y maximización de los beneficios, sin importar en ningún momento que miles de trabajadores sean arrojados al paro y condenados a la miseria. Para el burgués, es evidente que el obrero solo constituye un mero instrumento mediante el cual extraer ganancias a través del expolio y la explotación continuada hacia nuestra clase.
Ante esta grave situación, el gobierno español (ese mismo que ha determinado el cese definitivo de la actividad minera, y por consiguiente la clausura de los últimos pozos mineros localizados en Asturias y en León), ha planteado como alternativa junto con las administraciones regionales y los sindicatos amarillos CCOO y UGT, dar un plazo de 6 meses para encontrar un futuro inversor. De no ser así, tal y como señala el mismo gobierno, no existirán garantías para conservar los puestos de los trabajadores. De este modo, el acuerdo alcanzado entre sindicatos y empresa con la mediación del gobierno, solo tiene como objetivo ganar tiempo y acallar el descontento de los trabajadores. Puesto que de ninguna manera asegura que estos mismos no vayan a perder su empleo.
De la mano del estado español y de los sindicatos amarillos, que abandonan y traicionan a la clase obrera en cada miserable convenio que firman y en cada ERE que acuerdan con el capital, y por los que son retribuidos, el proletariado continuará a merced de la burguesía y de sus intereses, completamente contrarios a los de nuestra clase.
Por ello la única alternativa posible pasa por expropiar y socializar todas las empresas que a través del expolio de los trabajadores obtienen enormes beneficios, acabando con este sistema criminal y avanzando con paso firme hacia el Socialismo, que pondrá fin de una vez por todas a la explotación del hombre por el hombre.
Frente al oportunismo y el reformismo de la socialdemocracia, integrada en un sistema parlamentario que constituye una burda farsa, los trabajadores hemos de organizarnos y engrosar el Frente Único del Pueblo con el firme propósito de acabar con el capitalismo, construyendo un mundo nuevo para los trabajadores.
¡Ante sus ataques, unidad y lucha!
¡Que viva la lucha de la clase obrera!
Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en Madrid
