La ley que regula la prestación de servicios postales en España, la ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, conocida como ‘Ley postal’, dice en su artículo 8:
«Los usuarios tendrán derecho a la prestación de un servicio postal universal de calidad prestado de forma permanente, en todo el territorio nacional y a precios asequibles. El alcance y la prestación efectiva del servicio postal universal deberán responder a los principios de cohesión social y territorial, continuidad, eficacia y eficiencia en el servicio, y deberá adecuarse permanentemente a las condiciones técnicas, económicas, sociales y territoriales y a las necesidades de los usuarios, en particular en materia de densidad de puntos de acceso y de accesibilidad a los mismos, sin menoscabo de su calidad.«
El Grupo Correos, como consecuencia de la insuficiencia de personal en todas la áreas, incumple de manera sistemática este artículo de varias maneras:
– No se presta el servicio de entrega los cinco días laborales. Toda la prioridad es para la paquetería, quedando miles de envíos ordinarios amontonados en casilleros de secciones que no tienen cartero asignado.
– De esta manera existe una discriminación por razón de la condición económica (y por tanto social), pues sólo se garantiza la entrega diaria a aquellos que pueden pagar los productos más caros, como los urgentes. Aquellos que por razones económicas necesitan de un Servicio Postal Universal no se les garantiza que cartas importantes como las citas de médicos, facturas de la luz, el agua, el gas, el teléfono… se les entregue diariamente.
– En cuanto a la calidad, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia afirma en su último informe: «En el caso de los plazos medios de entrega tanto de la carta ordinaria como del paquete postal nacional, los resultados confirman la tendencia al empeoramiento en la calidad de los servicios que ofrece Correos en el ámbito del SPU«.
Pero es que el dueño de Correos es el Estado español, ya que a pesar de ser Sociedad Anónima todo el capital es suyo. Por lo que podemos decir que el Estado español está incumpliendo la Ley Postal.
Ante estos incumplimientos de la Ley, en este caso la del derecho a un servicio postal universal, como lo son las Leyes del derecho al trabajo, a una vivienda digna, a una sanidad y educación gratuitas y de calidad reflejados en la sacrosanta Constitución del 78, el Estado español no muestra la firmeza que ha mostrado en Catalunya imponiendo el ‘Imperio de la ley’ para defender el ‘interés general’, dicen. Lo cual ha derivado en la práctica en un estado de excepción al intervenir al Govern catalán, interviniendo imprentas privadas, expropiando carteles y papeletas de votos, tomando el control de los presupuestos de dicho Govern, enviando allí a todas las fuerzas de seguridad del Estado, llamando a declarar por «desobediencia ante el juez a jóvenes que han creado alguna web relacionada con el Referéndum, intentando impedir sin éxito el ejercicio democrático del voto el 1 de Octubre con toda la represión y violencia que caracterizan a un Estado que impone los intereses de una minoría, la oligarquía financiera, sobre la mayoría, el pueblo trabajador, metiendo en prisión a activistas independentistas y finalmente encarcelando a parte del Govern amparándose en el artículo 155 de una constitución que en materia de derechos sociales pisotean cada día.
Comité Provincial de Sevilla del Partido Comunista Obrero Español
