¡SOLIDARIDAD CON VALTÒNYC! ¡LIBERTAD PRESOS POLÍTICOS!

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como ‘Valtònyc’, ingresará ese jueves en prisión para cumplir una condena de 3 años y medio por tres delitos: enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas. Valtònyc intentará evitar su inminente ingreso en prisión mediante un escrito ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pidiendo la suspensión de la ejecución de la pena y alegando una vulneración del convenio europeo de los Derechos Humanos.

El pasado 11 de mayo, el tribunal de garantías acordó inadmitir a trámite el recurso de amparo presentado por la defensa del rapero contra la condena que fue confirmada por el Tribunal Supremo el pasado 20 de febrero. La Audiencia Nacional condenó al rapero a tres años y medio de cárcel al considerar que las expresiones en sus canciones “exceden de la crítica política y se introducen en el campo del atentado contra la dignidad personal”. Los magistrados rechazaron que estas manifestaciones estén amparadas en la libertad de expresión y en la “creación artística”.

En el Estado español, mientras los trabajadores son reprimidos, mientras se persigue a raperos, twitteros, sindicalistas honrados, comunistas, anarquistas, antifascistas, etcétera, por denunciar la esencia reaccionaria y fascista del Estado español, los ladrones y los fascistas actúan con total impunidad.

El Régimen del 78 se encuentra en una crisis que refleja la fragilidad de un sistema que se ahoga en sus propias contradicciones. Estas contradicciones no son solo relativas al modelo territorial, sino a la jefatura del Estado y al modelo económico y social vigente. La aplicación del artículo 155, la brutal represión vivida el 1-O y el posterior encarcelamiento de los Jordis y de los exconsellers, se produjeron como consecuencia del cuestionamiento de uno de los pilares del Régimen del 78: la indisoluble unidad de España, una unidad ficticia y sostenida por la fuerza.

Sin embargo, no hay que remontarse al Procés para constatar la existencia de presos políticos. La detención de Alfon en la Huelga general del 14N de 2012 y su posterior encarcelamiento –que perdura hoy en día– da buena cuenta del derecho a la huelga que existe en este país. Asimismo, la detención y envío a prisión de Miguel e Isma tras los disturbios del 22M –disturbios provocados por la propia Policía– cuestionan el derecho de reunión en España. Nos han arrebatado los derechos paulatinamente a golpe de ley y porrazo –la ley mordaza, aprobada en 2015, sigue vigente pese a las promesas del PSOE y de Podemos de derogarla–.

La ley mordaza y la reforma del Código Penal de 2015 tienen como fin silenciar la voz del pueblo, no solo en las calles, sino también en las redes –Operaciones Araña, que rastrean y persiguen a la disidencia en Internet–. Bajo el supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo, se ha enjuiciado a titiriteros –Títeres desde Abajo–, a twitteros –Casandra Vera, Alfredo Ramírez, Andeka Jurado, Kaitet Prieto–, a artistas –César Strawberry, Pablo Hasél, Valtònyc– y a periodistas –Boro LH–, por citar algunos ejemplos.

A esta lista de detenidos y represaliados por el aparato estatal hemos de añadir el encarcelamiento de los jóvenes de Altsasu, a los que por una riña con dos guardias civiles en las fiestas de la localidad se les atribuye un delito de terrorismo por el que la fiscalía solicita 375 años de prisión para los ocho encausados –Oihan Arnanz, Jokin Unamuno y Adur Ramírez de Alda llevan hoy 548 días en prisión preventiva–. Este suceso muestra de buena mano como la ley puede retorcerse de tal modo que una pelea en fiestas en la que se ven implicados dos policías puede acabar constituyendo un delito de terrorismo; una acusación carente de sentido, sostenida bajo el lema de ” todo es ETA ” y que tiene unas consecuencias penales exorbitantes.

La censura y la represión se agudiza cada vez más. Además de lo ya enumerado, cabe señalar la retirada de ARCO de la obra Presos políticos y la España contemporánea, de Santiago Sierra, donde aparecían una veintena de fotografías pixeladas en blanco y negro y en las que estaban retratados, entre otros, Oriol Junqueras, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, a la vez que se secuestraba el libro Fariña, que ahondaba en el narcotráfico gallego y en sus nexos políticos –José Alfredo Bea Gondar, exalcalde del PP de O Grove, que fue condenado a cuatro años por narcotráfico y que finalmente fue absuelto por el Tribunal Supremo–.

Estos pocos ejemplos muestran el estado de la Justicia española: una Justicia al servicio del poder ejecutivo, siendo altas instancias judiciales, como la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, órganos dependientes de este. La Audiencia Nacional, heredera del Tribunal de Orden Público franquista, no es más que una institución para reprimir y silenciar a toda disidencia. Somos testigos de la negación sistemática del derecho de reunión, del derecho de huelga y del derecho a la libertad de expresión, bajo el amparo de la ley.

Todo ello es reflejo de la fragilidad del Régimen del 78: un régimen agonizante y caduco que hoy se ve obligado a apoyarse en el fascismo para controlar por la fuerza un sistema que se derrumba. El fascismo, engendro del capitalismo, es el resultado de las propias contradicciones de las relaciones de producción y nace de la necesidad de la burguesía por proteger por la fuerza sus intereses, que se ven amenazados por las graves crisis del sistema.

Resulta evidente que, pese a los intentos de la clase dominante, que se ha encargado durante décadas de convencernos de que el capitalismo es el único sistema posible, este no representa la voluntad popular. La democracia burguesa sirve única y exclusivamente a los intereses del capital. Es la burguesía quien posee el control del aparato estatal, es la que decide quién o qué está dentro o fuera de la legalidad y, en los momentos en que el sistema está más débil y la crisis se agrava –como el periodo actual, donde el Procés y la crisis económica ponen en jaque al régimen–, es la burguesía quien recurre al fascismo para proteger sus privilegios.

La única democracia posible es la democracia obrera: una democracia que, a diferencia de la burguesa, defiende y representa los intereses de la inmensa mayoría a través del Partido Comunista, cuyo fin no debe ser otro que acabar con el capitalismo y construir el socialismo. Los trabajadores debemos cimentar una auténtica democracia que ponga fin a la explotación del hombre por el hombre y a la desigualdad social, a través de la conquista revolucionaria del poder político.

Desde el Partido Comunista Obrero Español (PCOE), trasladamos nuestra solidaridad a Valtònyc, al que se le condena por expresarse y por denunciar los crímenes del Estado español. Nadie debería verse amenazado por ejercer con libertad su derecho a expresarse en términos políticos. La condena a Valtònyc constituye no solo un ataque a la libertad de expresión, sino una persecución ideológica en toda regla. Exigimos la inmediata puesta en libertad de todos los presos políticos en el Estado español, encarcelados por sus ideas antifascistas, comunistas, republicanas, independentistas, anarquistas, etc., y la disolución de la Audiencia Nacional, tribunal fascista que cumple con el único propósito de reprimir y silenciar a la disidencia.

¡ANTE SU REPRESIÓN, UNIDAD Y LUCHA!
¡NOS QUIEREN CALLADOS, NOS TENDRÁN COMBATIENDO!
¡SOLIDARIDAD CON VALTÒNYC! ¡LIBERTAD PRESOS POLÍTICOS!

Comité Central del Partido Comunista Obrero Español




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