Los derechos laborales y sindicales son papel mojado y desaparecen en todo el mundo

El capitalismo se encuentra en una situación insostenible en términos económicos. La burguesía monopolista pretende sostener sus cuotas de ganancia – las cuales progresivamente descienden – a costa de estrujar a los trabajadores hasta la extenuación, intensificando la explotación, acrecentando la desprotección de los trabajadores pretendiendo robarles absolutamente todo. Antaño en las potencias imperialistas los obreros, aún explotados, tenían una serie de migajas con respecto a los obreros explotados de los países más atrasados donde los salarios no les daban a los trabajadores ni tan siquiera para cubrir sus necesidades básicas.

Lo que vemos hoy, sin embargo, es como las condiciones de vida del conjunto de la clase trabajadora desciende a niveles alarmantes cada día que pasa. Los obreros de los países más avanzados pierden derechos laborales y sindicales a pasos agigantados, mientras los trabajadores de los países más atrasados no mejoran sus condiciones de miseria ni un ápice.

No hay más que echar un vistazo a la prensa internacional para ver cómo en potencias imperialistas como Japón, donde ya no solo la clase obrera trabaja literalmente hasta morir sino también sus funcionarios; o China, donde el monopolio Alibaba obliga a trabajar de sol a sol a los obreros.

En el distrito Kasumigaseki de Tokio, donde se concentran la mayoría de las instituciones del país, la jornada laboral de los kanryo (“funcionarios ministeriales”) no tiene límites. Según el estudio realizado por Iwamoto Takashi, profesor de la Universidad de Keiō, en Tokio (“Hacia una reforma del método de trabajo en Kasumigaseki. Acabar con las largas jornadas de trabajo y mejorar la productividad a través de las tecnologías de la información y de la comunicación”, PR Times, 6 de junio de 2018), estos servidores públicos trabajan de media 100 horas extras al mes, siete veces más que en el sector privado.

Superan con creces la conocida como “línea karoshi”, el umbral de “muerte por exceso de trabajo” fijado en ochenta horas al mes por el propio Ministerio de Sanidad, que considera que si este se sobrepasa, el riesgo de patologías es elevado. Además, como el presupuesto de la administración pública está estrictamente regulado por la ley, la mayor parte de estas horas extraordinarias no son remuneradas.

Según los datos publicados en 2019 por el Sindicato de Funcionarios del Estado, en Kasumigaseki, el 32,4% de los encuestados tenía “mala salud”, se estaba “medicando” o “recibiendo tratamiento en el hospital”, mientras que el 28% había experimentado o sentido “miedo a morir por exceso de trabajo”. En cuanto a la tasa de suicidio entre estos trabajadores –16,7 por cada 100.000 personas–, supera en un 50% a la de los empleados del sector privado, según el estudio del profesor Iwamoto.

En Japón, como vemos, está reconocida la muerte en el trabajo y son miles los casos anuales registrados de Karoshi en el país de forma directa e indirecta, mientras que desde mediados de los años setenta el número de huelgas continúa descendiendo en Japón:

 

En Japón, están prohibidas por ley las huelgas de funcionarios públicos. La Constitución de 1946 nombra los derechos básicos laborales (asociación, negociación colectiva y acción colectiva), pero los funcionarios públicos están excluidos del reconocimiento del derecho a la acción colectiva y, desde entonces hasta el momento presente, los funcionarios de la administración central y los de las administraciones regionales tienen prohibida por ley cualquier forma de protesta, incluida la huelga.

A menor organización de la clase obrera y menos lucha, peores son las condiciones de vida de los trabajadores. Este es un axioma que se repite en cualquier parte del mundo bajo el capitalismo. Como vemos, en el país nipón la victoria ideológica de la burguesía es indiscutible y se ha traducido en una mayor explotación de la clase obrera japonesa, que muere trabajando tras interminables jornadas laborales.

En China, el país vecino, el burgués Jack Ma (Ma Yun), fundador de Alibaba, el gigante chino del comercio online, formuló públicamente la “regla 996” que rige en sus empresas: trabajar desde las 9 h de la mañana a las 21 h de la noche, 6 días por semana. En Pinduoduo -competidor de bajo coste de Taobao- los trabajadores hacen trescientas treinta horas mensuales de jornada laboral.

Este nuevo giro de tuerca en la explotación de la clase obrera china está derivando en muertes por colapso y agotamiento de los trabajadores, tal y como sucede en Japón.

En Brasil, el Congreso ha aprobado una futura reforma laboral (actualmente siendo debatida en el Senado) para añadir una nueva modalidad de contratación sin vacaciones, ni paga extraordinaria ni derecho a indemnización. La reforma también contempla la reducción del precio de las horas extras y aumenta el límite de la jornada laboral de los mineros.

Cabe destacar que Brasil es uno de los mayores exportadores de estaño y hierro del mundo, materiales estos usados para la electrónica y automoción respectivamente, sectores imprescindibles para materializar la industria 4.0.

En Estados Unidos Amazon ha dado un nuevo salto en la explotación de los trabajadores con el ya famoso time off task o TOT, que es la medición que hace la empresa del tiempo que no estás haciendo una tarea en concreto. Es decir, una máquina mide exactamente todos los tiempos que tardas en hacer todas las tareas encomendadas. Una vigilancia frenética y constante con el objetivo de que en toda tu jornada laboral no puedas parar ni para respirar.

Para un mozo de almacén, un código de barras defectuoso o un cupón de descuento a aplicar puede elevar el TOT demasiado y empiezan los problemas con los superiores.

Amazon ha evitado la organización sindical en el Almacén BHM1 de Bessemer, en Alabama. De los 5.805 trabajadores de Bessemer con derecho a voto, solo 738 votaron “sí”, y 1.798 optaron por el “no”. Amazon, como es lógico, ha utilizado sus ilimitados recursos para luchar contra la organización sindical.

La dirección ha celebrado “sesiones informativas” grupales de asistencia obligatoria para advertir de las consecuencias de tener un sindicato en la planta, y los teléfonos de los empleados fueron bombardeados con mensajes que tachaban al sindicato de invasor. “¡No permitas que los de fuera dividan a un equipo ganador! No creemos que debas pagar a un intermediario para que hable por ti, ni pagar cuotas para conseguir algo que ya tienes gratis”.

Desde el 25 de enero, Amazon se hizo con los servicios para este almacén de varios asesores especializados (que han facturado varios miles de dólares al día), los famosos union busters (“revientasindicatos”).

También han circulado rumores alarmantes sobre el cierre de la planta si los empleados “traicionaban” a la compañía, tal y como ya hizo Walmart, que en 2009 decidió cesar sus actividades en Jonquière, Canadá, tras la creación de un sindicato, lanzando al desempleo a todos los trabajadores.

Los testimonios de exempleados que trataron de crear un sindicato en su almacén en Delaware y Virginia describen un comportamiento brutal, repleto de amenazas y represalias, incluyendo despidos improcedentes, como el de un trabajador que estaba de baja médica por una operación de rodilla. En Chester, Virginia, la sanción de las autoridades, tras una investigación, fue obligar a Amazon a exhibir en la sala de reuniones, en una hoja A4, una lista de acciones que se comprometía a no cometer. “No le amenazaremos con despedirle; no le interrogaremos sobre sus actividades sindicales; no le vigilaremos; no le amenazaremos con represalias”.

¡La sanción para Amazon es, realmente, una advertencia a todos los trabajadores que luchen por sus derechos de las consecuencias de ello! Y, como no, la multinacional ha sido acusada de transgredir la legislación laboral para desbaratar la campaña, pero la National Labor Relations Board (NLRB) carece de autoridad para sancionarla económicamente.

Sin embargo, en Estados Unidos, la formación de un sindicato en una empresa se asemeja a un viacrucis: A petición de un empleado –en este caso, un mozo de almacén que llamó por teléfono al Sindicato de Comercio Minorista y Mayorista (RWDSU, en sus siglas inglesas)–, la organización debe demostrar primero a la agencia federal con responsabilidades para hacer cumplir la legislación laboral, la NLRB, que el 30% de los trabajadores del centro quieren formar un sindicato. Una vez superada esta etapa, y tras una agria campaña, se organiza un referéndum. La batalla se libra fábrica a fábrica, supermercado a supermercado, restaurante de comida rápida a restaurante de comida rápida: aunque en Bessemer hubiese ganado el “sí”, la situación en los demás almacenes de Amazon no hubiese cambiado. Para los trabajadores, participar en un proceso de este tipo implica una larga y ardua batalla, y en caso de derrota, puede acarrear represalias contra aquellos que hayan solicitado la ayuda del sindicato –a menudo, el despido–. No es de extrañar, por tanto, que solo estén sindicados el 6,3% de los trabajadores del sector privado en Estados Unidos.

En Francia, en el sector turístico, las camareras de piso cobran el salario mínimo y a la mayoría de ellas se las contrata en calidad de refuerzo: no saben cuántas horas trabajarán en el mes, ni cuánto ganarán ni qué días trabajarán. Sin mencionar que en general las llaman a última hora. Así las cosas, muy pocas son las que consiguen un sueldo equivalente al de un trabajo a tiempo completo. Muchas intentan pues compaginarlo con otra actividad.

La mayoría de las trabajadoras de este sector padecen esguinces, dolor de espalda, tendinitis, etc. Enfermedades de las que nunca se pueden recuperar porque si dejan de ir a trabajar corren el riesgo de no ser contratadas nunca más.

Ni que hablar de las condiciones de trabajo en países como Malasia, donde están las principales empresas productoras de guantes de goma, que abastecen en especial al sector sanitario en Europa y Estados Unidos, las cuales se aprovechan de la mano de obra barata procedente de los países vecinos.

En 2019, Malasia, el mayor productor mundial de guantes de goma, cubría el 63% de la demanda mundial, que ascendía a 300.000 millones de pares. Los trabajadores migrantes representan entre el 20% y el 30% de la fuerza de trabajo del país, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los trabajadores nepalíes, bangladesíes o birmanos, antes de partir, contrajeron una elevada deuda, a un tipo de interés desorbitado, con los reclutadores enviados por las empresas malasias.

En el caso de los trabajadores bangladesíes, abonan entre 3.700 y 4.300 euros a sus reclutadores. En el caso de los nepalíes, las sumas oscilan entre 1.100 y 1.250 euros. Con el salario mínimo de Malasia, fijado en 240 euros al mes, y el pago de horas extraordinarias que no puede superar los 400 euros, es evidente que les llevará años recuperar su libertad.

Son muchos quienes aumentan el número de horas extra trabajadas, ya sean legales o no, para regresar a casa al poco tiempo de vivir bajo esas condiciones de vida, ya que estas empresas, a través de los reclutadores, confiscan sus pasaportes para que no puedan irse del país hasta que finalicen la deuda.

En la República Democrática del Congo (RDC), uno de los 10 países con las poblaciones más pobres del mundo y principal productor mundial de cobalto, hay niños que trabajan en las minas para abastecer a las grandes empresas de los sectores del automóvil, la informática y la telefonía.

Dos tercios de las reservas mundiales de cobalto están en la República Democrática del Congo (RDC). Un componente esencial de las baterías de iones de litio que equipan la gran mayoría de los teléfonos móviles y vehículos eléctricos, y este país es el mayor productor mundial (100.000 toneladas en 2019).

El 15 de diciembre de 2019, la asociación International Rights Advocates (IRA) anunció que se había presentado una denuncia en Washington contra varias empresas transnacionales acusadas de complicidad en la muerte de catorce niños en las minas de cobalto del Congo. El caso implica directamente a Apple, Alphabet (la empresa matriz de Google), Dell, Microsoft y Tesla. Según IRA, el cobalto “lo trabajan en la República Democrática del Congo, en condiciones extremadamente peligrosas propias de la Edad de Piedra, niños a quienes se les paga uno o dos dólares al día […] para proporcionar el cobalto utilizado en los costosos gadgets fabricados por algunas de las empresas más ricas del mundo”.

Hoy la clase obrera y las clases populares que cada vez tienen menos recursos, cada vez se llevan una parte más pequeña del pastel de la riqueza que ellas mismas crean y, por tanto, tienen una capacidad de consumo mucho menor. A la par que los monopolios, fruto del desarrollo de las fuerzas productivas, del avance de la técnica y de la ciencia, tienen una mayor capacidad de producir mercancías. Una nueva contradicción que provoca la crisis permanente del capitalismo y la agudiza a cada día que pasa.

Por otro lado, la robotización hace que la producción se multiplique a la par que, bajo las condiciones del imperialismo, los obreros son arrojados al paro forzoso lastrando su situación socioeconómica mucho más, cuando no son directamente arrojados al cementerio.

El desarrollo de las fuerzas productivas choca con las relaciones de producción del capitalismo monopolista, convirtiéndose el capitalismo en un freno objetivo para el desarrollo humano, para el desarrollo de las fuerzas productivas.

Así tenemos que el capitalismo monopolista a pesar de establecer sistemas organizativos conducentes a la intensificación del trabajo y de la extracción más intensa de plusvalía, resulta que su cuota de ganancia no sólo no aumenta sino que retrocede. Y retrocede porque provoca un desajuste todavía mayor en la composición orgánica del capital, creciendo por la parte del capital constante y retrocediendo en la parte de capital variable, que es la parte invertida en mano de obra que es la que genera plusvalía.

Para tratar de sostener los márgenes de ganancia ya la burguesía tira piedras sobre su propio tejado, incrementando las filas de los parias, acrecentando la pobreza de la mayoría trabajadora a pesar de la inmensa riqueza generada, buscando ya la obtención de ganancia a costa de deteriorar al Estado, su instrumento de opresión mediante el que garantiza la imposición de su dictadura criminal. Además, el desarrollo de la técnica, la automatización, al ser arrojada contra los obreros, conlleva un grado de depauperación mayor de éstos y sus condiciones de vida, implicando que el progreso de la técnica suponga un freno al progreso técnico y, también, al progreso social.

Sin duda, todo ello lo que manifiesta es la absoluta caducidad del capitalismo, es la confirmación de la bancarrota del capitalismo el cual pide a gritos ser arrojado al estercolero de la historia.

El desarrollo tecnológico y científico, la automatización de la producción, debe ponerse en manos de la clase obrera, de la humanidad y servir para liberar al ser humano del trabajo asalariado, poniendo el resultado de la producción en manos de la clase obrera, generando progreso social y desarrollo humano. Y esto solo se conseguirá derrocando el capitalismo y construyendo la máxima aspiración de la clase trabajadora: El Socialismo.

 

¡Los capitalistas son unos asesinos, o acabamos con ellos o ellos acabarán con nosotros!

¡Muerte a la burguesía y su régimen explotador!

¡Socialismo o barbarie!

Madrid, 27 de agosto de 2021

Comisión de Movimiento Obrero y de Masas del Comité Central del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)




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